Talleres de Educadores en la Unidad Popular: fortalecimiento de la autonomía profesional

Este 4 de septiembre conmemoramos 50 años de un gobierno de apertura, dialogante con un movimiento social y docente deliberante. En el marco de la política de Unidad Popular impulsado por el gobierno de Salvador Allende, que sostenía como uno de sus pilares la “profundización de la democracia”, fue promulgado el Decreto de Democratización de la Enseñanza (N°224), el que entre otras cuestiones, incentivaba la participación del magisterio en la política educacional en el entendido que no solo debía “anticipar” nuevas relaciones sociales “no-competitivas y solidarias” sino yuxtaponerse a las ya existentes “competitivas y verticales”. Significaba “cambio” en un nuevo y más amplio sentido[1].

En esta concepción del trabajo docente, se exigía de las y los docentes activar “toda su capacidad creativa, de optar, de tomar decisiones, de mantener una permanente actividad crítica y práctica frente a su propio trabajo profesional”. Así es como al poco tiempo fue promulgado el Taller de Educadores[2], como una forma de materializar formas socializadas de trabajo entre docentes. Constaba de 18 días al año dedicados a perfeccionamiento y se concebía masivo, en cuanto estaba abierto no solo para los docentes sino para todos los trabajadores de la educación; descentralizado, desde el punto de vista administrativo de tal modo que asegure agilidad y adecuación a las características de cada región y unificado, en tanto incluía a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, sin distinción de niveles o funciones[3].

Crisis educativa

El decreto que creó los Talleres de Educadores fue publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo de 1973 y materializó el que fuera uno de los ejes centrales de la nueva “política de educación permanente” del gobierno de la Unidad Popular. Se consideraba que esta concepción educativa ofrecía una salida a la profunda crisis declarada por los actores de la época y que, a juicio de los expertos, políticos y sindicatos de profesores, atacaba el sistema educacional íntegro. La crisis, producto del desarrollo contradictorio del capitalismo dependiente (también en crisis) y los cambios educativos que requería el movimiento histórico que lo acompañaba, no alcanzaban a situarse a la par de los cambios que requería la revolución científico-técnica, la urbanización y la irrupción de los modernos medios de comunicación de masas. Un período de “transición revolucionaria” requería pensar colectivamente, más que reformas técnicas, un proyecto educativo distinto al que venía desarrollándose desde los inicios de la escuela republicana. La violenta expansión de las matrículas y las estructuras, también de los recursos y mecanismos de administración del sistema educacional, evidenciaban síntomas de crisis. Entre 1970 y 1973, la matrícula del sistema de educación formal experimentó un incremento sin precedentes: un promedio anual de 6,5%, el más alto registrado hasta entonces. La cobertura de todo el sistema se elevó desde 47% (1970) hasta un 54,5% (1973) de la población de 0 a 24 años de edad. En la enseñanza especial la expansión fue, aproximadamente, de 55%; en la educación parvularia, de 53%; en la enseñanza media, de 32%; y en la educación superior, de 101%. Las construcciones escolares, por su parte, superaron los 79.980 metros cuadrados construidos en 1970. Un año después llegaron a una superficie de 195.468 metros cuadrados.

Congreso nacional de educación UP

Los fundamentos para la nueva política educacional del gobierno de la Unidad Popular, que haría frente a la explosión, los dio el Primer Congreso Nacional de Educación. Este reunió, por primera vez en la historia, no solo a los docentes sino a otros sectores, como los estudiantes, padres de familia, trabajadores y vecinos de diversas tendencias ideológicas, para que propusiesen las líneas fundamentales de una política educacional. Haciéndose eco, en parte, de las históricas aspiraciones y críticas de las iniciativas educacionales impulsadas desde la década de 1920, recomendó la organización de un Sistema Nacional de Educación que poseyera las siguientes características: “pluralista en su orientación, integrado en su estructuración, democrático en su participación y orientado a servir a la persona y a la sociedad en su interrelación orgánica, y descentralizado y desconcentrado en su administración”. El Sistema Nacional de Educación debía estar planificado, según se decía, “con un espíritu de participación plena del pueblo a través de sus instituciones públicas, privadas y comunitarias”. Dos importantes documentos surgieron en base a los acuerdos unánimes de este Congreso: el de la Democratización de la Enseñanza (aprobado como Decreto el 6 de marzo de 1973 luego de una serie de rectificaciones) y el Escuela Nacional Unificada (ENU), que nunca superó la etapa de Informe.

Concepción de democratización educacional

Ambos documentos tuvieron extrema relevancia en la formulación, aplicación e implementación gradual de la transformación del sistema educacional chileno. El documento de la democratización reglamentaba la implementación de la participación popular a nivel administrativo de modo de asegurarla en cada paso de la toma de decisiones. Así como se habían creado los Comités de Producción, de Administración, de las Empresas del área social, de los Centros de Reforma Agraria, de los Consejos y Comités Paritarios de Salud formando parte de la Política de Democratización global de la sociedad chilena conducida por el gobierno de Salvador Allende, se creaban ahora los Consejos de Educación. Estos tendrían por objetivo “resguardar la participación de los trabajadores de la Educación, de los padres y apoderados, de los estudiantes, de la comunidad organizada y de los trabajadores de la ciudad y el campo, en la dirección, administración y gobierno de los servicios de educación y cultura y el acceso seguro de todos ellos a su pleno goce y disfrute”. Por otro lado, el Informe de la E.N.U. se preocupaba de fundamentar la gradual implementación de un sistema en donde “ya no habría más una rama de la Educación para la clase alta, otra para la clase media y otra para la clase obrera, sino una sola escuela en donde se formarían todos los chilenos”.

La política de democratización de la enseñanza del gobierno de la Unidad Popular había tomado la figura del Decreto N° 224, sin embargo, “no debía entenderse como tal, sino como un proceso de participación”. El Decreto apenas significaba un “respaldo legal” que facilitaba el desarrollo de la política. Lo que realmente importaba era el modo en que se entendía la ‘participación’. Bajo este contexto el perfeccionamiento docente consistía en “exigir del educador toda su capacidad creativa, de optar, de tomar decisiones, de mantener una permanente actividad crítica y práctica frente a su propio trabajo profesional”. Incentivaba la participación del magisterio en la política educacional en el entendido que no solo debía “anticipar” nuevas relaciones sociales “no-competitivas y solidarias”, sino yuxtaponerse a las ya existentes “competitivas y verticales”. Significaba “cambio” en un nuevo y más amplio sentido.

Taller de Educadores: Perfeccionamiento docente como autoformación

La nueva política de perfeccionamiento se definió como un compromiso consciente en donde no se trataba de cumplir porque se obtenía un 5% de recompensa o porque era obligación, sino porque significaba la posibilidad de participar en la construcción de un proyecto y ejecutarlo; como una adecuación a los planes de desarrollo económico, social y educacional de la nación en donde no se trataba solo de ampliar los conocimientos desvinculados de las necesidades del país; como una planificación científica y democrática que asegure la adecuada correlación con la política educacional del país y la participación de la comunidad; como una forma de trabajo socializada de las que se encontraban excluidos el paternalismo, el verticalismo y la burocracia que eran tres características que aún predominaban en la concepción pedagógica vigente. Esta última, fue considerada como una característica especialmente significativa en cuanto contemplaba la preparación para una democracia en construcción, y en donde la tarea de los educadores y educadoras era la de motivar a los y las estudiantes a entablar relaciones de solidaridad (no competitivas), democráticas (no autoritarias) y socializadas (no individualistas).

Leonora Reyes J. 

Profesora Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

Vocera mesa coordinadora Red ESTRADO-Chile.e 

 

Nota: este texto está basado en el artículo de L. Reyes, “Profesorado, perfeccionamiento permanente y poder popular. Los Talleres de Educadores de 1972”, aparecido en https://rufianrevista.org/portfolio/profesorado-perfeccionamiento-permanente-y-poder-popular-los-talleres-de-educadores-de-1972/

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[1] RodrigoVera, “Acerca de las bases para una política de perfeccionamiento”, Revista de Educación (1972) 43-46: 100.

[2] Decreto 538, Autoriza suspensión clases para desarrollo de actividades de Consejos Locales y Departamentos Locales de Asignatura – Talleres de Educadores.  Santiago, Diario Oficial, 17 de abril de 1972.

[3] Rodrigo Vera, “Acerca de las bases para una política de perfeccionamiento…”, Op. Cit., 100-104.