Comisión Experta propone mantener la educación de mercado

Comisión Experta propone mantener la educación de mercado

El pasado viernes 31 de marzo la Comisión Experta dio a conocer las primeras propuestas para una nueva Constitución, la relevancia de este hecho radica en que dicho texto expresa el primer gran “consenso” entre los sectores políticos que van desde el gobierno hasta la ultraderecha. Considerando que Chile vive una profunda crisis educativa desde hace años, resulta fundamental construir una mirada transparente sobre la propuesta. ¿Qué se dice sobre educación? 

La propuesta mantiene la línea de ausencia de una definición sustantiva (como la constitución del 80’) sobre qué es y quien debe proteger el derecho a la educación, así como los fines que se buscan con ella, vale decir, el tipo de sociedad y seres humanos que como país buscamos formar (letra c). Ante ello, como elemento nuevo, la propuesta presenta una escueta y ya clásica noción de calidad, (letra c inciso 7 y 9) asociada a una perspectiva estandarizada que apunta a la homogeneidad cultural y continúa siendo un simple criterio para la competencia y la cruel clasificación de escuelas. Así también, resulta notable la ausencia a toda referencia a una educación democrática, pública, participativa, intercultural, libre de toda violencia de género y ecológica, principios que son indispensables para superar la profunda crisis que vivimos como sociedad. Por cierto, mucho menos existe reconocimiento a las y los docentes como actores fundamentales para el resguardo del derecho a la educación.

Una de las raíces de la actual crisis educativa, es la especial compresión y ejecución que hay en Chile de la libertad de enseñanza que, como en ningún país del mundo, se entiende como una libertad de empresa para hacer negocios con la educación. En la propuesta de los “expertos”, se mantienen todas las regulaciones vigentes en la constitución del 80’ (letra R inciso 1) y aunque resulte sorprendente, se profundiza en ellas. En efecto, la propuesta hace una innovación y propone un vínculo jurídico de rango constitucional entre “la asignación de recursos públicos” y la “libertad de enseñanza” (Letra C inciso 7).  Es decir, para la propuesta, solo habría libertad de enseñanza, cuando el Estado -ahora obligado constitucionalmente- financia a la escuela privada.

Este vínculo no existe en ningún tratado internacional ni país del mundo, tanto es así que nuestro propio Tribunal Constitucional ha ratificado la no obligatoriedad de financiar establecimientos privados, puesto que ello obedece a una política pública, más no a un derecho que se pueda invocar, ni menos a una obligación internacional que pese sobre los Estados.

Bien cabe recordar que los tratados internacionales son claros respecto a que la libertad de enseñanza se relaciona con: a) escoger, por parte de las familias, establecimientos distintos a los estatales-públicos, b) fundar, por parte de un privado, establecimientos educacionales. Como se observa, esto es muy distinto a que el Estado, con recursos de todas y todos los chilenos, esté obligado a financiar al privado, como propone la propuesta de los expertos. 

Cabe hacer notar que, ante la entrega constitucional de recursos públicos a privados, la propuesta no establece ningún principio de regulación para su uso. Ignorando todo el abuso cometido hasta la fecha, desde el lucro, hasta los sueldos desproporcionados que se autoasignan los sostenedores privados que como se ha demostrado, pueden llegar a montos superiores a los 150 millones de pesos anuales. 

En la crisis educativa que vivimos, el financiamiento a la educación es un tema a tratar con extrema responsabilidad. Existe contundente evidencia que demuestra el fracaso del actual sistema de financiamiento de mercado vía subvención: cierre de cientos de escuelas públicas y el sistemático deterioro de las que aún sobreviven. Que la Comisión Experta no haga referencia a que el Estado deba tener un trato especial para con sus propias instituciones debe ser motivo de preocupación para todo ciudadano o ciudadana de este país, particularmente para los sectores más desposeídos. 

La letra “K” de esta propuesta, habla del principio de no discriminación, formulado en los mismos términos que la Constitución Pinochetista, que ha consagrado la llamada “igualdad de trato” entre la escuela pública y privada.  Nula utilidad tendrá esta propuesta para enfrentar los graves problemas que vive la educación pública; por el contrario, los reproducirá eternamente, sepultando cualquier solución de fondo. Con ello, nuestro país estará ineludiblemente confinado a mantener abierto un conflicto social y político. 

En relación con el rol y carácter del Estado, se señala su obligación constitucional de “fomentar”, “financiar”, “supervigilar”, es decir, incentivar, no proveer educación y regular el mercado educativo. Bajo esta definición, claramente subsidiaria y neoliberal, es posible que Chile tenga un sistema educativo cien por ciento privado, puesto que el Estado sólo está obligado a “financiar” y no “proveer” educación. De hecho, la noción de “educación pública” no existe en la propuesta.  

Los primeros textos emanados por la Comisión Experta nos permiten afirmar que se han elaborado desde la negación de la actual situación de crisis del sistema escolar. Décadas de movilizaciones han logrado visibilizar con claridad lo que niegan los “expertos”. Importante sería que miraran estos últimos meses y semanas, donde se mantienen activos agudos episodios de violencia y deserción escolar.  

Negando esa realidad, el texto mantiene el núcleo privatizador de la constitución del 80’ agregando una actualización (subyace la idea de un Estado Evaluador en educación que se construyó con las reformas educativas neoliberales de los años 2000) y consolidación (liga jurídicamente la libertad de enseñanza con la obligación ahora constitucional del Estado para financiar al privado)

Sostenemos que la propuesta lleva a rango constitucional la realidad educativa construida con las reformas de los gobiernos de postdictadura, reformas que expresan un consenso político entre la derecha, la ex concertación y parte de los actuales partidos de gobierno en torno a un mercado educativo regulado por el Estado que lima superficialmente sus expresiones más brutales. 

Para finalizar, cabe señalar que el texto no recoge ningún planteamiento de los elaborados por las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la coalición de Organizaciones Sociales por el Derecho a la Educación, constituidas por los actores educativos que viven y reflexionan en torno al actual sistema escolar, espacio desde el cual se construyó la propuesta por el Derecho a la Educación Pública Estatal y Comunitaria. Visto así, la propuesta de los “expertos” es la mejor cara del consenso de la elite y los poderosos que han hecho de la educación un espacio de enriquecimiento y deshumanización. 

MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DOCENTE