Declaración pública ante la vulneración de derechos a la comunidad de Quintero y Puchuncaví

En mayo del año 2017 la Radio Universidad de Chile realizó un reportaje en torno a los constantes y sistemáticos casos de contaminación que se han venido dando en las últimas décadas en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Sumado a la condición de “zona de sacrificio ambiental”, el reportaje aporta un nuevo concepto para poder entender el complejo escenario en el que se encuentran las comunas que colindan con el parque industrial; a saber, el de “cultura de vulneración de derechos”. Esta “cultura de vulneración” se ha venido instalando durante los más de 50 años que tiene el parque industrial, pasando por la contaminación sistemática del mar, intoxicación y altos índices de cáncer en las y los trabajadores del parque industrial, el traslado de la Escuela la Greda en 2011, tras confirmarse la presencia de arsénico y plomo en las y los niños, y el derrame de petróleo en el Humedal de Mantagua en agosto de este año. Todos estos casos “aislados” vienen a ser el preámbulo de la actual crisis medioambiental, que ha traído consigo la contaminación del territorio e intoxicación masiva de la población de Quintero y Puchuncaví.

La respuesta por parte del Estado ha sido, por lo menos, paradójica. Por un lado, tenemos que la Constitución pinochetista consagra “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, agregando que “es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Comprendiendo la dispersión y fragmentación de la política medioambiental, el año 2010 se crea el Ministerio de Medio Ambiente, que supuestamente vendría a subsanar los vacíos en la gestión de la política medioambiental, resguardando y garantizando así el catálogo de derechos de la ciudadanía por medio del diseño, aplicación y coordinación de políticas de prevención, promoción de la educación ambiental y participación ciudadana. Por otro lado, el Estado ha puesto todos sus esfuerzos en generar las condiciones necesarias para instalar y legitimar un modelo de desarrollo que es contrario a los derechos sociales y en particular, al de las comunidades que se ven abandonadas por la institucionalidad y perjudicadas por el extractivismo.

Esto último es clave para comprender cómo se ha venido instalando en Quintero y Puchuncaví la “cultura de la vulneración”. Las industrias pertenecientes al parque industrial se encuentran dentro de una racionalidad que se juega el todo por la acumulación capitalista, sin importar las “externalidades” que, en el nombre del desarrollo, estarían justificadas. Muestra de esto es la ausencia del diseño de una política que responda a las demandas y necesidades de quienes habitan las comunas afectadas. Las prácticas clientelares entre la clase dominante han sido una constante en el proceso de instalación y afianzamiento del parque industrial, pasando por los favores políticos en la administración de las empresas estatales, hasta la participación de las AFPs en las inversiones de AES Gener, empresa que cuenta con un importante prontuario de emanaciones de gases tóxicos y vertimiento de carbón al mar.

En este mes y medio en que las comunas de Quintero y Puchuncaví se han vuelto a ver afectadas por las “externalidades” del extractivismo, quienes han visibilizado la crisis han sido el movimiento “Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví en Resistencia”, los sindicatos de pescadores artesanales, habitantes de las comunas y el movimiento estudiantil que se ha venido gestando como respuesta a las nulas soluciones presentadas por el ejecutivo. Las únicas respuestas concretas que han recibido las organizaciones sociales han sido la represión y el castigo a la movilización, pasando por el desalojo de la toma del municipio de Quintero, hasta la utilización de perdigones por parte de carabineros y la policía marítima en la última protesta del sábado 29 de septiembre en las inmediaciones del borde costero.

Como trabajadoras/es de la educación, desde el Movimiento por la Unidad Docente, MUD, estamos convencidos/as que a la “cultura de la vulneración” se le combate con solidaridad, organización y movilización social. Las/los profesores son claves en este proceso de rearticulación, ya que pueden, por medio de sus espacios de organización, generar un quiebre a la lógica de la escuela aislada de su comunidad/territorio. El fortalecimiento de las organizaciones gremiales y sindicales no es sólo un imperativo en torno a las relaciones contractuales con los empresarios de la educación, sino también es un espacio de formación y autoeducación que pueden aportar en la vitalización del movimiento social, traspasando así las fronteras de lo exclusivamente gremial, para adentrarse y fundirse en las demandas tanto territoriales como nacionales.

Cuando Paulo Freire nos decía que “no estamos en el mundo simplemente para adaptarnos a él, sino para transformarlo”, estaba realizando un profundo llamado a quienes nos dedicamos al quehacer pedagógico. Como trabajadores/as de la educación no podemos ser indiferentes a las sistemáticas y constantes injusticias a las que somos sometidos por la clase dominante. En nombre de la dignidad y buen vivir de nuestro pueblo, de nuestra gente más humilde y de quienes confían diariamente en quienes trabajamos en las aulas del país, no podemos sino estar en la calle, en la movilización y en los distintos espacios de organización, aportando en la construcción de un Chile donde los derechos sociales sean un pilar central y la educación esté en un constante diálogo con su comunidad/territorio.