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La Ministra de Educación y, posteriormente, el presidente Kast, han expresado, a través de distintos medios de comunicación, su voluntad de pausar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que responde a la ley de Nueva Educación Pública. Ante ello, expresamos:
1. Como hemos sostenido en reiteradas oportunidades, dicha ley (NEP) está lejos de representar una política que reconstruya la educación pública en el Chile neoliberal, toda vez que mantiene el voucher como sistema de financiamiento, no modifica el enfoque pedagógico curricular, no fortalece la democracia resolutiva de las comunidades, ni tampoco rompe con la igualdad de trato con el sector privado subvencionado. Por lo que, la tarea de construir un Sistema Nacional Articulado de Educación Pública, sigue siendo un horizonte por el cual luchar.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la NEP como política supera a la administración municipal de las escuelas públicas que fue el proyecto de la dictadura militar. Así lo han refrendado informes de evaluación nacional y también internacional como el desarrollado por el PNUD-UNESCO, dado a conocer este año.
3. En este marco, es imperativo que el proceso de instalación de los SLEP siga su curso y en ello, el movimiento educacional empuje todas las transformaciones que se requieren para construir una verdadera educación pública. Transformaciones que deben orientarse en base al proyecto de Educación Pública Estatal Comunitaria y Feminista elaborado por los mismos movimientos sociales.
4. Rechazamos categóricamente la tesis del gobierno que busca pausar la NEP. Ello no tiene otro objetivo que seguir deteriorándola, tal como lo hizo al reducir en miles de millones su presupuesto para el año 2026, en circunstancias en que en este tipo de educación se educan los sectores más pobres del país.
5. Es importante considerar que la tesis de pausar la NEP se acompaña de una agenda ideológica propia de la derecha mercantil: el proyecto de ley que busca flexibilizar la creación de nuevas escuelas particulares subvencionadas y la idea de que algunos municipios mantengan la administración de las escuelas. Es decir, el objetivo real del gobierno es profundizar la privatización del sistema escolar y fragmentar aún más la educación pública.
6.Hacemos un llamado al Directorio Nacional del Colegio de Profesores/as y su presidente Nacional Mario Aguilar a dejar esa postura ambigua que ha demostrado en distintos puntos de prensa frente a este tema tan sensible para el país. Se debe superar el inmovilismo de la actual conducción cuya evidencia más latente es la falta de un plan de acción a 4 meses de la última Asamblea Nacional. Es urgente hacer frente a la ley de escuelas protegidas, establecer una estrategia frente al recorte presupuestario, concretar la publicación del reglamento del Sistema Único de Evaluación, entre otros temas críticos. Por ello la necesidad de una asamblea extraordinaria y otras acciones concretas, no pueden seguir esperando mientras siguen socavando nuestra educación y trabajo docente.
