RELATO I : LOS PEDESTALES DE LA PATRIA
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DECLARACIÓN PÚBLICA
La Asamblea Extraordinaria Nacional del Movimiento por la Unidad Docente desarrollada el sábado 5 de septiembre, analizando el grave escenario que enfrentan las comunidades educativas del país, declara lo siguiente:
La educación pública enfrenta una nueva ofensiva privatizadora, conservadora y autoritaria, que amenaza con profundizar la crisis de la educación pública y descargar sus costos sobre las comunidades educativas, las infancias y sus trabajadores/as.
Esta ofensiva busca fortalecer la educación privada y debilitar las capacidades materiales, institucionales y laborales del sistema público. No estamos frente a decisiones aisladas (situadas en cada SLEP), ni técnicas, ni de gestión. Estamos frente a una política nacional empujada por el gobierno de Kast. Esta política se expresa mediante dos movimientos que avanzan simultáneamente.
Por una parte, el fortalecimiento y expansión del sector privado mediante nuevas medidas de desregulación: un proyecto de ley que facilita la creación de colegios particulares subvencionados, y crea un nuevo mecanismo de privatización posibilitando que escuelas públicas sean administradas por éstas.
Por otra, el debilitamiento de la educación pública a través de restricciones presupuestarias, reducción de dotaciones, precarización laboral y destrucción de proyectos educativos construidos por las comunidades. Esto se advierte en la construcción de los PAL y PADEM de todo el país de cara al 2027.
Profundizar el mercado educativo y debilitar la educación pública son las dos caras de una misma política que deben ser comprendidas como un todo y no de manera fragmentada.
Rechazamos que los problemas de la educación pública sean reducidos a explicaciones como la denominada “sobredotación” o el número de licencias médicas. Ese relato no es neutral, transforma las consecuencias de una crisis estructural en responsabilidades individuales de trabajadoras/es y comunidades educativas, desplazando la discusión desde las causas estructurales hacia quienes trabajan diariamente sosteniendo las escuelas.
Cualquier discusión acerca de dotaciones debe partir de las necesidades pedagógicas reales de las comunidades educativas, considerando vulnerabilidad, inclusión, convivencia escolar, necesidades educativas especiales, trabajo administrativo, condiciones territoriales y características concretas de cada establecimiento.
Del mismo modo, rechazamos que las licencias médicas sean utilizadas como explicación general de la crisis. La existencia de altos niveles de licencias obliga también a preguntarnos por las condiciones en que se trabaja en las escuelas: sobrecarga, intensificación del trabajo, violencia, deterioro de la convivencia, burocracia administrativa, falta de recursos, inseguridad laboral y agotamiento profesional.
No puede utilizarse la enfermedad de las y los trabajadores como argumento para profundizar las mismas condiciones que contribuyen a producirla. Precarizar el trabajo educativo significa precarizar las condiciones de enseñanza. Y precarizar las condiciones de enseñanza significa debilitar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes.
Se pretende instalar la idea de que los problemas de la educación pública se resolverán reduciendo trabajadoras/es, controlando licencias, cerrando cursos, fusionando establecimientos o disminuyendo costos. Nosotros sostenemos exactamente lo contrario.
El problema de fondo se encuentra en la persistencia de un modelo de financiamiento vía voucher y organización de la educación a través de los SLEP construido bajo una lógica de mercado, que obliga a la educación pública a desarrollarse bajo condiciones de competencia, insuficiencia de recursos e incertidumbre permanente.
La crisis actual obliga a discutir con urgencia cómo se financia, fortalece y protege la educación pública como responsabilidad prioritaria e indelegable del Estado.
El problema central no es que la educación pública tenga demasiados trabajadoras/es; el problema es que sigue siendo financiada bajo una lógica incapaz de garantizar las condiciones necesarias para cumplir una función pública.
La pregunta correcta no es cuántos trabajadores debemos reducir para que las cuentas cuadren. La pregunta correcta es: ¿qué recursos humanos, materiales y pedagógicos necesita una escuela pública para garantizar efectivamente el derecho a la educación?
La educación no es una empresa y una escuela no puede evaluarse exclusivamente mediante criterios de eficiencia económica. Por eso nuestra defensa de las y los trabajadores no constituye una reivindicación corporativa. Defender las condiciones de trabajo es defender las condiciones para enseñar y aprender. Es defender el derecho a la educación.
Ante este escenario, hemos resuelto declararnos en estado de movilización.
Debemos transformar cada escuela, sindicato, organización gremial y espacio público en un espacio de deliberación para defender, en acción y palabra, una convicción fundamental: los problemas actuales no se resolverán debilitando las escuelas públicas, sino transformando las condiciones estructurales que históricamente las han subordinado al mercado. La crisis de la educación pública no puede ser pagada por sus trabajadoras/es, sus estudiantes ni sus comunidades.
Instamos a construir la fuerza y defensa de la educación pública desde los territorios en articulación con todos los sectores, sin exclusión política ni social. Instamos a promover la coordinación entre sindicatos, organizaciones gremiales, trabajadores de la educación, estudiantes, apoderados y organizaciones sociales.
Finalmente, convocamos a una Jornada Nacional de Agitación en Defensa de la Educación Pública y Denuncia de la actual ofensiva privatizadora conservadora autoritaria, para el día 30 de septiembre a las 12:00 hrs en todas las escuelas del país.
Frente a quienes pretenden resolver problemas mediante recortes, precarización y nuevas oportunidades para la expansión privada, afirmamos que Chile necesita exactamente lo contrario:
Más educación pública, financiamiento basal, suficiente y pertinente, mejores condiciones para enseñar y aprender y un Estado plenamente responsable de garantizar el derecho a la educación.
Los ataques a la educación pública, son ataques al pueblo de Chile y el pueblo de Chile debe organizarse y defender sus derechos. En esa tarea, las y los trabajadores de la educación organizados en el Movimiento por la Unidad Docente nos ponemos a disposición.
