TRES PROPUESTAS PARA FORTALECER EN LO INMEDIATO LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE CRISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SLEP
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Como es sabido, el Colegio de Profesores/as se encuentra en negociación con el MINEDUC. Es la llamada “agenda corta”. En este contexto, para este miércoles 28 se ha convocado a una jornada de movilización a la espera de la primera respuesta formal y por escrito del gobierno.
Uno de los puntos de esta agenda es la Educación Pública y sus Servicios Locales de Educación. Llama la atención y es extremadamente preocupante que para la convocatoria del 28, el Directorio Nacional deliberadamente no menciona la demanda por el cambio de financiamiento para el sistema educativo. Esta gravedad es aún mayor cuando fue el mismo gobierno quien se comprometió, en el año 2023, a avanzar en este tema. Es indudable que convocar a una movilización, omitiendo este punto estratégico, le resta real relevancia y perspectiva al proceso de negociación.
Considerando los graves problemas de infraestructura, la falta de materiales y la precariedad general de las escuelas públicas, como profesores y profesoras debemos ser capaces de instalar, como primera exigencia, el cambio del sistema de financiamiento de las escuelas públicas. De no existir avances reales y concretos sobre este punto, el magisterio debe prepararse para una movilización de gran alcance. El cambio de financiamiento de la educación pública debe ser intransable en esta negociación sectorial. El tiempo se agotó y el voucher ya no deja respirar a nuestras escuelas.
En los avances de la negociación del Colegio del año 2023, se logró establecer fechas concretas para abordar este tema que, lamentablemente, este Directorio Nacional encabezado por Mario Aguilar, en alianza con el PS y el PC abandonó.
En efecto, en el ordinario N° 311 del 29 de agosto del 2023, dirigido al Colegio de Profesores/as el MINEDUC señaló, textualmente:
En efecto, el Programa de Gobierno de Gabriel Boric, al cual el Colegio apoyó, señala como promesa que se “propondrá un nuevo sistema de financiamiento público de los establecimientos educacionales, que no se base en promover la competencia, sino garantizar el derecho a una buena educación, haga justicia con la educación rural y de zonas aisladas, la educación de adultos y aulas hospitalarias”.
Cabe recordar que quienes hoy forman parte del Gobierno, aprobaron en la Cámara de Diputados, el año 2016, en el marco del debate sobre la Nueva Educación Pública (NEP), la siguiente indicación: “En el transcurso del primer semestre de 2017, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento de subvención del Estado a los establecimientos educacionales que regula la presente ley”.
Lo que está claro es que ante una eventual respuesta del gobierno, ya no basta con un anuncio sobre una mesa que permita levantar una propuesta y recoger las miradas del profesorado. Hoy estamos en el punto dos de la respuesta del año 2023: ingreso del proyecto de ley.
Si el gobierno no cumple su palabra, el magisterio debe exigirla. El Directorio Nacional del Colegio de Profesores/as debe impulsar con fuerza esta demanda, visibilizando en cada documento, lienzo y punto de prensa.
Sobra decir que el financiamiento del sistema educativo público debe comprenderse desde los derechos humanos fundamentales, esto es, desde el Derecho a la Educación.
Actualmente el tipo de financiamiento vía subvención, desdibuja la clara diferencia entre los Servicios Locales de Educación (SLEP) como órganos de la administración del Estado cuya tarea es proveer la educación, y los proveedores privados, en tanto, tienen el mismo tipo de financiamiento, lo que se conoce como la “igualdad de trato”.
Fortalecer y posicionar a la Educación Pública como Servicio Público que, por naturaleza es de provisión y responsabilidad estatal, requiere un tipo de financiamiento para las escuelas alejadas del fomento del voucher.
Los Estados pueden privilegiar en términos de financiamiento a la Educación Pública. Esto lo ha dicho el Comité Internacional de Derechos Humanos (1988) quien señaló que otorgar un trato preferencial al sector público, como serían los SLEP, es razonable.
En este marco, como organización, proponemos una modificación a la NEP que establezca que:
El Estado debe financiar a las escuelas que forman parte del Sistema Nacional de Educación Pública de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plenamente con una educación de excelencia.
Por una verdadera Educación Pública
Financiamiento basal, suficiente y pertinente
